Procurador: qué es, funciones y cuándo es obligatorio

La regla del artículo 23.1 LEC es comparecer en juicio por medio de procurador habilitado ante el tribunal competente, salvo las excepciones legales. El poder se acredita mediante escritura notarial o apoderamiento apud acta, también electrónico, en las formas del artículo 24. El procurador representa a la parte y puede presentar escritos, recibir comunicaciones y realizar actos de comunicación, cooperación o ejecución que la ley permita y, cuando proceda, se le deleguen con consentimiento informado. La representación acreditada no convierte al procurador en director de la defensa jurídica: si la ley exige abogado, la parte necesita también dirección letrada.

El abogado asesora y dirige la defensa jurídica; el procurador representa procesalmente y realiza las actuaciones que la ley atribuye a la procura. La LEC declara incompatible ejercer simultáneamente ambas profesiones. Su artículo 23.3 permite que el procurador actúe sin abogado solo para oír y recibir comunicaciones y realizar comparecencias no personales solicitadas por el órgano judicial; en ese marco no puede formular solicitudes. Esta excepción funcional no le habilita para sustituir la defensa letrada en un procedimiento que la exige.

La necesidad depende del orden jurisdiccional y del acto procesal. En la jurisdicción civil, las excepciones se consultan por separado: artículo 23.2 para procurador y artículo 31.2 para abogado. Ambos permiten actuar sin esos profesionales en los verbales que se determinan por cuantía y no exceden de 2.000 euros, y al presentar la petición inicial de monitorio. Para procurador hay además excepciones en actos limitados de juicios universales, incidentes sobre justicia gratuita y medidas urgentes antes del juicio. Para abogado hay escritos concretos de personación, urgencia, suspensión urgente y acreditación de actividades de ejecución expresamente delegadas. En los órdenes social, penal y contencioso-administrativo rigen normas propias; no extrapoles la regla civil.

Las excepciones de la LEC para procurador y abogado se parecen en parte, pero no son idénticas. Para ambos, el artículo 23.2.1.º y el 31.2.1.º exceptúan el juicio verbal determinado por cuantía que no exceda de 2.000 euros y la petición inicial de monitorio. La excepción por cuantía no se extiende automáticamente a todos los juicios verbales: el artículo 250.1 asigna algunos por materia, mientras que el 250.2 determina otros por cuantía hasta 15.000 euros. Por eso, un asunto verbal por materia que supera 2.000 euros puede seguir exigiendo abogado y procurador. El artículo 23 añade actos concretos de juicios universales, incidentes de justicia gratuita y medidas urgentes; el 31 permite determinados escritos sin abogado. Ejemplo: una reclamación de 1.500 euros tramitada como verbal por cuantía puede presentarse sin ambos. En un monitorio de 9.000 euros, la petición inicial también está exenta, pero si hay oposición, la oposición debe llevar abogado y procurador cuando lo exijan las reglas del procedimiento declarativo resultante. La fase y la materia importan tanto como el importe.

El poder puede otorgarse ante notario o mediante apud acta ante la oficina judicial, presencial o electrónicamente en los términos del artículo 24 LEC. El apoderamiento apud acta se realiza al presentar el primer escrito o antes de la primera actuación, según corresponda. El poder general cubre los actos procesales ordinarios, salvo exclusiones expresas e inequívocas del poderdante. Se necesita poder especial para renunciar, transigir, desistir, allanarse, someter el asunto a arbitraje y para otras actuaciones que la ley enumera (art. 25). El poder acredita representación; no autoriza a realizar cualquier acto en nombre del cliente ni elimina la obligación de contar con abogado cuando la defensa es preceptiva.

Mientras el poder esté vigente, el procurador recibe emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones, incluso sentencias, hasta la ejecución, con los efectos del artículo 28.1 LEC. La regla tiene una excepción: los actos que la ley ordena practicar personalmente al litigante deben notificarse a este. Cuando una comunicación se entiende válidamente con el procurador, sus efectos procesales se rigen por la ley y no dependen de cuándo el cliente la lea; conviene mantener un canal inmediato de aviso entre procurador, abogado y cliente. La LEC también regula el traslado de copias entre procuradores y, con petición, consentimiento y delegación legal cuando se requiera, ciertos actos de comunicación y ejecución.

Los derechos del procurador son arancelarios; el Real Decreto 434/2024 establece un arancel máximo, no un precio único, y prohíbe fijar mínimos. La condena en costas no equivale a la factura pactada con el propio procurador. El artículo 394.3 LEC limita, cuando se impone una condena en costas y con sus excepciones, el importe total correspondiente a cada litigante por abogados y otros profesionales no sujetos a tarifa o arancel a un tercio de la cuantía del proceso; los derechos del procurador se calculan por separado según arancel. Ejemplo: si la cuantía procesal es 20.000 €, el límite general de 6.666,67 € se refiere al conjunto de los profesionales no arancelados de esa parte en los términos del precepto, no automáticamente solo a la minuta del abogado. Además, la ley excluye de la tasación determinados actos de comunicación, cooperación, auxilio o actuaciones facultativas que pudieron realizar las oficinas judiciales (arts. 243.2 y 394). Tras el traslado de la tasación hay diez días comunes para impugnar; deben concretarse las cuentas, partidas y razones (arts. 244–245). Los derechos del procurador pueden discutirse como indebidos o por inclusión incorrecta, pero no como honorarios libres excesivos.