Acreedor: qué es y cómo reclamar una deuda

Una obligación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo (art. 1088 CC); puede nacer de un contrato, de la ley o de otras fuentes reconocidas por el Código (art. 1089). Si procede de contrato, sus términos obligan dentro de la ley (art. 1091). Antes de reclamar, identifica quién contrató, qué prestación se debía, si se entregó o aceptó, cuándo vencía y si hubo pagos, cambios, condiciones o compensaciones. El titular del crédito puede no coincidir con quien envía la factura: podría reclamar un representante, sucesor o cesionario. Si el crédito se transmitió, hay que probar esa transmisión y revisar sus efectos frente al deudor; el art. 1112 permite transmitir derechos nacidos de una obligación salvo que la ley o el pacto dispongan lo contrario.

Una deuda no se vuelve exigible solo porque alguien la reclame. Comprueba el contrato o encargo, el importe, la fecha de vencimiento, las condiciones pendientes, la entrega o aceptación del bien o servicio, las facturas y pagos parciales. La cantidad debe poder determinarse y no estar ya pagada o compensada. Si la obligación depende de un hito o condición, o hay una controversia sobre el cumplimiento, conserva los documentos que permitan probar cada extremo. En un procedimiento, el juez valora la prueba y las defensas del deudor; la factura es un documento relevante, no una decisión judicial.

En las obligaciones civiles, como regla, el deudor incurre en mora cuando el acreedor exige judicial o extrajudicialmente el cumplimiento, con las excepciones del art. 1100 CC. Para deudas de dinero, el art. 1108 prevé, a falta de pacto, el interés legal como indemnización desde la mora. No apliques automáticamente esa regla a cualquier factura. La Ley 3/2004 tiene un ámbito más limitado: pagos por operaciones comerciales entre empresas o entre empresa y Administración, y excluye, entre otros, los pagos en operaciones con consumidores y ciertas deudas concursales (art. 3). Si el acreedor cumplió sus obligaciones y la deuda no se pagó a tiempo, esa ley establece el devengo de intereses de demora sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación (arts. 5–6). Primero clasifica la operación y comprueba contrato, vencimiento y cumplimiento.

Las acciones personales que no tengan un plazo especial prescriben, como regla general, a los cinco años desde que puede exigirse el cumplimiento (art. 1964.2 CC). Hay plazos distintos para algunos créditos —por ejemplo, pagos periódicos o acción hipotecaria— y también normas transitorias que pueden afectar a obligaciones antiguas. El art. 1973 CC señala que la prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor o por reconocimiento de la deuda por el deudor. Conserva prueba de cuándo se envió y recibió una reclamación; una factura o recordatorio no debe suponerse interruptivo sin revisar su contenido, destinatario, fecha y el plazo aplicable.

El art. 812 LEC permite acudir al proceso monitorio para exigir una deuda dineraria de cualquier importe si es líquida, determinada, vencida y exigible y se acredita por los documentos que enumera la ley. Puede aportarse un documento firmado por el deudor o, en ciertos casos, documentación comercial que muestre una relación anterior duradera. La petición inicial debe identificar a las partes, explicar el origen y cuantía y adjuntar el soporte de la deuda (art. 814); para presentarla inicialmente no es obligatorio abogado ni procurador. Si se admite, se requiere al deudor para que pague o se oponga en veinte días (art. 815). Si no actúa tras una notificación válida, puede abrirse la ejecución conforme al art. 816; si se opone, el litigio sigue por el juicio que corresponda (art. 818). El monitorio no convierte automáticamente una factura discutida en una deuda ganada.

El artículo 1911 CC establece, como regla general, responsabilidad patrimonial del deudor con sus bienes presentes y futuros. Eso no autoriza al acreedor a retirar dinero, cambiar cerraduras o tomar bienes unilateralmente. El embargo y la realización de bienes requieren el procedimiento legal, respetan los bienes y cuantías inembargables y pueden verse condicionados por garantías, preferencias, terceros o un procedimiento concursal. Una garantía hipotecaria o una fianza puede dar derechos adicionales, pero exige comprobar el documento, su rango, quién la constituyó y los requisitos de ejecución.

Prepara una cronología y conserva: contrato, pedido o presupuesto aceptado; prueba de entrega o prestación; factura y vencimiento; movimientos y pagos; comunicaciones y reconocimientos; documento de cesión o representación si reclama otra persona; y cálculo separado de principal, intereses y costes. Identifica si el deudor es consumidor, empresa o Administración, qué ley rige la operación y si existe una condición previa, plazo especial o acuerdo de pago. Si hay discrepancia de saldo, insolvencia, garantía o plazo próximo a prescribir, revisa la estrategia con un profesional antes de enviar una reclamación o iniciar un proceso.