Arbitraje: qué es, cómo funciona y cuándo usarlo

En el arbitraje las partes confían la decisión de una controversia a uno o más árbitros, en vez de pedir inicialmente que un juzgado resuelva el fondo. La Ley 60/2003 se aplica, con sus reglas especiales, cuando el lugar del arbitraje está en España. Su artículo 2 admite controversias sobre materias de libre disposición conforme a Derecho; no convierte en disponibles los derechos irrenunciables. La propia ley excluye de su ámbito los arbitrajes laborales, que se sujetan a su normativa específica. Antes de elegir esta vía hay que comprobar si la materia y las partes pueden someterse a ella.

El acuerdo debe expresar la voluntad de someter a arbitraje todas o algunas controversias de una relación jurídica. Puede formar parte de un contrato o constar en un acuerdo separado y debe quedar por escrito o en un soporte que permita consultarlo después (art. 9). Revisa el alcance de la cláusula, si designa una institución o prevé arbitraje ad hoc, la sede, el idioma, el número y método de nombramiento de árbitros y las reglas sobre gastos. La cláusula no debe tratarse como una formalidad: puede afectar a dónde y cómo se resolverá una disputa futura.

Las partes pueden acordar las reglas procesales dentro de los límites legales. Si no lo hacen, el tribunal arbitral dirige el procedimiento respetando igualdad, audiencia y contradicción; cada parte debe poder presentar su caso y responder al contrario (arts. 24 y 25). El arbitraje puede ser de derecho o de equidad cuando las partes lo autorizan expresamente, conforme al artículo 34. La institución administra el procedimiento cuando así se pacta, pero no decide por sí sola el fondo. Plazos, prueba y costes dependen de la ley aplicable, el convenio y el reglamento escogido.

El laudo decide las cuestiones sometidas y debe constar por escrito, motivarse salvo pacto permitido por la ley, fecharse e identificar la sede (arts. 37 y 38). Es obligatorio para las partes desde que se dicta, sin perjuicio de las vías legales disponibles. La Ley de Enjuiciamiento Civil incluye los laudos entre los títulos ejecutivos; si la parte obligada no cumple, puede ser necesario acudir al juzgado para su ejecución (LEC, art. 517). Un laudo no es lo mismo que un acuerdo negociado: lo impone la decisión arbitral dentro del encargo recibido.

La acción de anulación del artículo 41 se limita a causas legales —por ejemplo, inexistencia o invalidez del convenio, falta de notificación o indefensión, exceso sobre lo sometido, irregularidades esenciales del procedimiento, materia no arbitrable o contradicción con el orden público— y tiene un plazo breve que debe comprobarse desde la notificación. No es una segunda instancia para volver a discutir libremente los hechos o el criterio jurídico del árbitro. La ley también prevé solicitar corrección, aclaración o complemento del laudo en los plazos del artículo 39. Antes de aceptar el arbitraje conviene valorar que las posibilidades de revisar el fondo son limitadas.

El Sistema Arbitral de Consumo tiene reglas específicas y permite resolver determinadas controversias entre consumidores y empresas. Hay que comprobar si la empresa está adherida o si acepta el arbitraje solicitado, cuál es la pretensión y si el asunto queda dentro del sistema. El artículo 90.1 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios considera abusivas, con las excepciones que establece, las cláusulas que someten al consumidor a arbitrajes distintos del arbitraje de consumo. Por eso no debe darse por válida una cláusula predispuesta solo porque aparezca en las condiciones generales.